Voces desde el Museo de las Constituciones

Un tiro por la culata al Derecho, la interdicción

  • El ser declarado “incapaz”, ya sea bajo un dictamen médico o judicial, implica perder nuestros Derechos Humanos.
  • El Derecho puede ser también discriminatorio y excluyente

Autor: Abraham M. Cano Díaz

Negro o blanco, zurdo o diestro, bueno o malo, normal o anormal, son algunos de los grandes ejemplos de una larga tradición humana por clasificar las cosas, una obsesión que se tiene desde hace miles de años, gran parte de las veces con la justificación de tener un orden. 

Estas clasificaciones poco a poco fueron registrándose, en libros, cuentos, manuales de medicina y leyes, incluso algunas veces, en sentencias judiciales, siempre con el mismo fin, ponerle orden al caos humano. Fue así como se negaban derechos a aquellos que violentaban esa verdad regulada, a esas personas que no encajaban en el gran rubro de la “normalidad”. 

Loco, vago, delincuente, ebrio consuetudinario, mujeres, niños e incapaces, todos comparten una característica a lo largo de la historia humana, todos, son o han sido, sometidos a una tutela, ya sea por parte del Estado o por un familiar, debido a que fueron considerados incapaces.

Tutores casi siempre del sexo masculino, de tez blanca y adultos, forma de desplegar un poder y un sometimiento, de declarar que no son dignos de aquellos derechos de los que sí gozan los considerados “normales”.

Para fortuna de nuestro país, bajo el costo de las voces y la sangre de aquellas y aquellos que exigen una igualdad, esta situación ha cambiado, pero no para todos, tampoco tan rápido como se quisiera. 

Basta con voltear a vernos hace cien años, en un país que no reconocía a las mujeres como ciudadanas, o hace apenas cinco años, cuando las personas con discapacidad eran privadas de derechos fundamentales por no considerarlas capaces de ejercer sus derechos.

El ser reconocido como capaz o no, se encontraba sustentado en un análisis entre dos ciencias que a lo largo de la historia han fungido como amantes, compinches y confidentes. Por un lado, el Derecho, ciencia dictadora de la verdad “regulada”; y el otro la ciencia médica, ya sea en su modalidad de psicología o de psiquiatría, ciencia clasificadora del bien y el mal, de lo normal o lo anormal, misma que desde hace muchos años susurra su consejo al oído del Derecho al momento de imponer castigos o penas. 

Como ya lo mencionamos, el ser declarado “incapaz”, ya sea bajo un dictamen médico o judicial, implica perder Derechos Humanos como: el derecho a ser escuchado, a la privacidad, a la libertad de expresión, al voto, al ser parte de una sociedad. El ser declarado incapaz, significa estar bajo un trato que deshumaniza y denigra, que excluye, bajo un castigo directo a la dignidad humana. 

Ser interdicto —restricción de la capacidad jurídica que se aplica a las personas con discapacidad— o incapaz no es otra cosa que lo que dispone y ordena la ley. En la Ciudad de México, se puede declarar interdicto a una persona cuando es mayor de edad y padece de una enfermedad reversible o irreversible misma que origine que no pueda gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí misma o por algún medio que la supla, esto de acuerdo con el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal.

La interdicción, institución de aquella “doctrina noble” del Derecho civil, es una institución cruel, inhumana, discriminatoria y contraria al discurso de los Derechos Humanos. Discurso que se jacta de proteger a todos, de brindarle seguridad e igualdad sin importar el color de piel, el sexo, la edad, la discapacidad o algún padecimiento médico.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, ser declarado incapaz o interdicto es contrario a los derechos que otorga la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues sustituye en su totalidad la voluntad de las personas, mismas que deben de ser escuchadas y atendidas, la declaratoria de interdicción atenta contra la propia existencia de la persona.  

Es así como una vez más, a través del propio derecho, se demuestra que este puede ser también discriminatorio y excluyente, que no es fuente de una verdad absoluta, pero si de una verdad regulada, verdad dictada por unos cuantos, verdad que somete y que castiga, verdad que puede transgredir los derechos humanos y, por ende, le sale el tiro por la culata, pues violenta aquel orden que pretende salvaguardar.

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