- En México se registraron casi 100,000 víctimas de desaparición forzada durante las últimas décadas
- La mayor parte del marco jurídico-institucional de los Derechos Humanos para la atención de la violencia de Estado es reciente, aunque el fenómeno no lo sea
- Es necesario discutir el problema en términos estructurales y sin moralizar el debate
Autor: Ermilo Mendoza
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2006 y 2019 se reportaron 60,000 personas desaparecidas en México. Gran parte de ellas víctimas de desaparición forzada, una técnica de violencia del Estado para reprimir a quien percibe como “enemigo político”. La audiencia de Café Expreso, serie realizada por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades (DGDH), conducida por Ariadna Razo Salinas, tuvo la oportunidad de escuchar al historiador Camilo Vicente Ovalle, investigador adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La desaparición forzada es empleada por los gobiernos para contener o eliminar personas y/o movimientos. Como técnica de violencia política transforma el contexto social en donde ocurre. Para su comisión se articulan la detención arbitraria, el secuestro y la tortura. Los regímenes políticos pretender así silenciar a la disidencia política.
De acuerdo con el investigador, como concepto, la desaparición forzada tiene una historia breve. Es resultado de las luchas por la justicia que encabezaron organizaciones de familiares de personas desaparecidas, principalmente de “madres buscadoras” en América Latina. Estas organizaciones empezaron a trabajar desde la década de los setenta del siglo pasado, para que se reconociera a la desaparición forzada como un delito cometido con fines políticos.
Hacia principios de los noventa se consolidó la “desaparición forzada” como tipo penal en la jurisprudencia internacional. Pero fue hasta finales de la misma década que se integró explícitamente en las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos.
El trabajo de las ONG
Las organizaciones de familiares sobrevivientes impulsaron su reconocimiento político y jurídico ante la necesidad de justicia y de memoria de la sociedad civil. Quienes empujaron esas discusiones fuera de la academia, mucho más que las propias autoridades estatales.
Como señaló Camilo Vicente Ovalle, desde los años setenta surgieron los primeros comunicados por parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezaba Genaro Vázquez, denunciando la “desaparición” de algunos de sus militantes en Guerrero. A finales de los setenta emergieron organizaciones como el Comité Eureka o la AFADEM, para denunciar la presencia de este ejercicio represivo en México.
El discurso del gobierno mexicano hacia el exterior era un discurso de “excepcionalidad”. Es decir, en palabras de Camilo Vicente Ovalle, “desde el gobierno de Luis Echeverría, pasando por el gobierno de José López Portillo, hasta Miguel de la Madrid, incluso en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, nunca se reconoció el ejercicio de estas violencias de Estado”. Distintos gobiernos de México quisieron distanciarse de la “gran familia latinoamericana de autoritarismo”. Es decir, querían comunicar un México lejano de los regímenes dictatoriales.
En los 80 surgieron movimientos como el Frente Nacional contra la Represión. Sin embargo, el aislamiento político al que fueron sometidos provocó que se desgastaran rápidamente. Por lo que entraron en “reflujo” durante los noventa. Hasta los primeros años años del siglo XXI, tuvieron un pequeño resurgimiento, particularmente en el sexenio de Vicente Fox, cuando se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP).
Es importante revisar la historia
La masividad del fenómeno de la desaparición forzada que hemos vivido y continuamos viviendo en México, nos obligó como sociedad a revisar la historia de los movimientos sociales durante los últimos 50 años. “Ese pasado ilumina el presente, es decir, esas formas de represión política en el pasado nos hablan sobre nuestro complejo presente, ante una grave crisis de violaciones a Derechos Humanos”, señaló Camilo Vicente Ovalle.
La mayor parte del marco jurídico-institucional de los Derechos Humanos para la atención de la violencia de Estado es reciente, aunque el fenómeno no lo sea. Hay documentación que evidencian desapariciones forzadas por parte del Ejército o de policías federales desde los años cuarenta del siglo XX. Aunque hasta los setenta se convirtió en un fenómeno sistemático generalizado. Comprender cómo han evolucionado las especificidades históricas del problema permite elaborar mejores estrategias de política pública o acción civil.
Incluso en la actualidad la desaparición forzada no es la misma dentro del circuito de trata de personas que dentro de un circuito de violencia feminicida. Aunque ambas puedan producir la desaparición de una persona, los circuitos de violencia en donde se emplea esa técnica tienen particularidad en su funcionamiento.
Por ejemplo, para el marco jurídico, no es lo mismo una denuncia de desaparición forzada que una de “trata de blancas”. Al observar quiénes y cómo son las personas que están desapareciendo, vemos ciertas características socioeconómicas que alertan sobre los fines de cada desaparición. Por ejemplo, para el marco jurídico, no es lo mismo una denuncia de desaparición forzada que una de “trata de blancas”.
Actuar en el presente
Tener a casi 100,000 personas desaparecidas en México es una realidad tan aplastante que dificulta reflexionar cuáles son los procesos de violencia que las están produciendo. Las generalizaciones estadísticas ayudan a tomar distancia de un problema que puede ser muy doloroso.
Al decir de Ovalle, además del impacto en el núcleo familiar violentado, el que las desapariciones están inscritas en una estrategia política desde el Estado, es la afectación mayor. Por ejemplo, cuando se desaparece a un líder campesino en un municipio no se está afectando solamente a la familia, sino que se fracturó un proyecto social y político. En México nos hemos demorado en contar con una democracia consolidada debido a la intensidad que ha tenido por décadas la represión política.
Por lo tanto, también debemos ponderar cómo estas prácticas de violencia estatal están reconfigurando a la sociedad y su vida política. Debemos preguntarnos, ¿qué significa eso para la vida en un espacio? No solo por empatía interpersonal por el dolor de otros, la generalidad y afectaciones del problema nos obliga a la acción pública.
Aunque, un error usual en la discusión del problema es la moralización —continuó el especialista—, porque puede caer en discursos revictimizantes hacia los desaparecidos, por ejemplo, “por algo habrá sido, se lo merecían”. Lo que justifica a los victimarios al reducir la violencia ejercida como una “maldad de los perpetradores”, sin explicar el entramado complejo que implica el ejercicio de este tipo de violencias.
Desaparecer a una persona nunca es un hecho breve y aleatorio, desaparecer a 20 o a 40 mucho menos. Implica organización criminal compleja, entre redes locales y nacionales echadas a andar en conjunto.
Además, los frenos de violencia no ocurren de la misma manera y no se experimentan de la misma manera para todos por igual. Como lo evidencian tendencias de clase socioeconómica y de género entre la población de personas desaparecidas, remató Ovalle.
